La CUT rechazó una comisión para negociar sueldo mínimo
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó ayer la iniciativa propuesta por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que persigue enviar un proyecto de ley para crear una institucionalidad permanente para trabajar en la fijación del sueldo mínimo cada año.
La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, dijo "lamentar" que una política pública de esa importancia para intentar solucionar la desigualdad se envíe "sólo con el fin de cerrar un programa de Gobierno".
La dirigente añadió que un aumento en el salario mínimo no afecta la creación de empleos ni el crecimiento económico. "No neguemos la mayor negociación que tiene este país para definir políticas salariales y que este Gobierno, por la vía de un proyecto de ley tardío, pretende negarle a los chilenos y chilenas", argumentó la titular de la CUT.
Para Figueroa, "como CUT vamos a insistir en que este proyecto de ley no puede ver la luz". La presidenta de la entidad resaltó que la solución que les satisface está inserta en el programa presidencial del pacto Nueva Mayoría, y que implica crear "un equipo de consulta permanente con todos los actores y no solamente con criterios técnicos".
Figueroa agregó que para ello espera tener un diálogo fluido con Alberto Arenas, quien fue designado ministro de Hacienda por la Presidenta electa, Michelle Bachelet, en particular a temas como salario mínimo y el reajuste al sector público.
La presidenta de la CUT pidió "respetar el programa de la Presidenta electa Michelle Bachelet" que considera un diálogo directo del Gobierno con los trabajadores.
El rechazo a la propuesta del Gobierno se sumó a la postura que mostró el senador (DC) Andrés Zaldívar, quien dijo que la propuesta no sería aprobada en la Cámara Alta, debido a que el tema debe ser legislado bajo los parámetros de la nueva administración.
La Moneda anunció enviará un proyecto para fijar el sueldo mínimo de forma permanente con una comisión de ocho miembros, seleccionados por el Presidente y ratificados por el Senado. Los criterios para fijar la cifra son mejorar el poder adquisitivo y garantizar el empleo.