Sergio Silva Vásquez

Una situación insólita vive por estos días el arquitecto osornino Roberto Iturriaga, quien sin saberlo figuraba como empleador de Rosa Aravena, una mujer de 65 años que vive en la ciudad de Curicó, en la Región del Maule, a quien ni siquiera conoce.

De hecho, el profesional registra una deuda previsional con la mujer desde hace cinco años, de casi $300 mil, tema que lo mantiene intranquilo y lo afecta en su quehacer laboral. Incluso, su nombre aparece en el boletín comercial Dicom y recibió una orden de embargo de sus bienes, a raíz de la deuda, lo cual finalmente no se concretó.

"Sin saberlo, de pronto aparezco vinculado a esta persona, quien supuestamente es mi empleada. Tras realizar la denuncia en la fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) ubicó a la mujer, quien también con sorpresa les manifestó que no me conocía y que nunca tuvo una relación laboral conmigo", relata el hombre, quien agregó que alguien falsificó un contrato y adulteró sus datos.

Para lograr aclarar el tema, ha recurrido a las oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS) ex INP, Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la PDI y Fiscalía, y pese a que se acreditó que no hay ningún vínculo laboral, la deuda se mantiene.

"Pese a los antecedentes arrojados por la investigación de la PDI, donde se logró establecer que entre ambos no hay ninguna relación laboral, el IPS no me quiere sacar del sistema ni condonar la deuda. Ahora lo único claro es que alguien declaró a través de una caja de compensación las colillas de sueldo, las que son falsas", expresó.

En la investigación desarrollada quedó de manifiesto que la supuesta trabajadora Rosa Aravena no fue quien declaró las colillas, donde además la Inspección del Trabajo ratificó que no hay ninguna relación laboral de la mujer con el arquitecto osornino.

El profesional fue enfático en señalar que alguien debe asumir el error, ya que incluso tiene orden de arraigo nacional, lo cual atenta contra sus derechos.

"La pregunta que me hago es quién puede tomar decisiones ahora en el IPS o Fonasa, ya estoy cansado de tanto 'pimponeo'. Alguien debe fallar y anular la deuda, ya que ninguna institución se hace responsable, pero todos me cobran", relató molesto.

Desde Puerto Montt, la jefa del Centro de Gestión Regional de Fonasa, Alejandra Quintullanca, tras contactarse con el denunciante manifestó a este medio que los antecedentes están siendo recopilados para dar una pronta respuesta a Iturriaga.

"Algo extraño pasó, estamos enviando los informes al nivel central en Santiago para que verifiquen con el IPS por qué se realiza el cobro. La idea es subsanar este error", comentó la funcionaria.

Mientras, Roberto Iturriaga sigue a la espera de una solución a su problema.

Una sucursal de Claro, la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas y Agroindustriales de Osorno y una consultora sufrieron el robo de equipos computacionales e insumos, botín avaluado en 7 millones 620 mil pesos.

Para ingresar a los locales que se ubican en un edificio de calle Bulnes 671 entre Mackenna y Ramírez, los delincuentes forzaron la puerta y mediante la escalera llegaron al segundo y tercer piso, donde violentaron los accesos y destrozaron muebles y vidrios.

Los más afectados son los integrantes de Federación de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas y Agroindustriales, quienes tras la sustracción de los computadores, perdieron toda la información de los 14 gremios que cobijan.

Pablo Martínez, presidente de la organización, junto con estar molesto por el acto delictual que los afectó a ellos y a otras oficinas, lamentó que entre las especies robadas haya equipos computacionales con valiosa información de los gremios asociados.

"La pérdida de los antecedentes de los sindicatos es lo más valioso que teníamos en los equipos, lamentablemente los ladrones no se fijan en el daño. Además, se llevaron más de 3 millones de pesos en documentos bancarios", expresó el dirigente, quien avaluó las pérdidas en más de $5 millones.

La denuncia fue hecha en Carabineros, donde dieron cuenta de lo ocurrido al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de una patrulla de la Brigada de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes levantaron evidencias en las oficinas por donde anduvieron los antisociales.

En un departamento colindante a la Federación de Trabajadores se ubica una sucursal de la empresa Claro.

El responsable de dicha oficina, Jorge Tampe, señaló que tras forzar la puerta de madera, los ladrones ingresaron a las salas y se llevaron 4 pantallas de computadores, avaluadas en cerca de 200 mil pesos.

"Acá se llevaron las pantallas y cortaron los cables de conexión. Tenían previsto regresar, ya que habían cajas donde estaban los equipos. Algo los asustó y no volvieron por las especies", expresó el ejecutivo de la empresa de telefonía.

En el tercer piso del mismo edificio se ubica una consultora, cuyo propietario José Torres, comentó que fue víctima del robo de computadores con información de importancia de empresas y un microprocesador.

"Es mucho el daño que nos causaron estos delincuentes, mucha de la información no estaba respaldada y espero que las policías logren ubicar a los responsables de estos robos cometidos durante el fin de semana", sostuvo el afectado.

La policía presume que por la cantidad de las especies robadas, los ladrones se movilizaban en un vehículo.