Tras entendimientos realizados por el Servicio nacional del Consumidor (Sernac), las empresas de retail Cruz Verde, Salcobrand, Tricot, Cencosud, Fashion's Park, Presto y Ripley restituirán a sus consumidores alrededor de $ 2 mil millones cobrados por concepto de comisiones en cuentas que estaban bloqueadas o suspendidas.

Los consumidores beneficiados empezarán a ser contactados por las empresas durante las próximas semanas mediante cartas informativas adjuntas en sus estados de cuentas, donde se les explicará en detalle el monto que le corresponde y las formas de cómo disponer del dinero.

En abril del año pasado, tras culminar un análisis de los contratos de las distintas tarjetas de crédito no bancarias, particularmente enfocado en las estructuras de comisiones y respecto de las políticas de cobros, el Sernac inició mediaciones colectivas con las entidades financieras.

El análisis concluyó que estas empresas aplicaban cobros de comisiones que, a juicio del servicio, no correspondían, como por ejemplo, cargos por costos de administración en tarjetas de crédito de clientes que estaban bloqueadas o suspendidas, los que fueron aplicados mayoritariamente entre los años 2012 y 2013. Esto es, que se cobraban íntegramente las comisiones pese a que la tarjeta no estaba plenamente operativa para su uso. En su defensa, las empresas señalaron que los cargos por costos de administración se justificaban debido a que, si bien se trataba de cuentas bloqueadas o suspendidas, ellos igualmente realizaban gestiones administrativas, como enviar los estados de cuenta. No obstante, según el Sernac, dichos cobros no podían ser los mismos que se aplican a una cuenta activa, pues en el caso de las tarjetas bloqueadas o suspendidas, los clientes no podían hacer el mismo uso de ellas.

Redacción

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló nuevos cargos por presuntas infracciones a la Ley de Mercado de Valores en la investigación que lleva adelante sobre el denominado "Caso Cascadas".

Los cargos se circunscriben a la presunta responsabilidad de distintas entidades y personas en la realización de operaciones bursátiles realizadas durante 2009, 2010 y 2011, las que habrían afectado el normal funcionamiento del mercado bursátil. Entre éstas se encuentra la corredora de Bolsa Larraín Vial S.A. y sus ejecutivos Manuel Bulnes Muzard, Felipe Errázuriz Amenábar, Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc.

La SVS presume que Larrain Vial, a través de Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, habría articulado una serie de operaciones que configurarían parte del esquema de operaciones, y en algunas aparentado el cumplimiento de ciertas condiciones habilitantes para la realización de operaciones bursátiles, desnaturalizando de esta manera el sentido de las ofertas en el sistema bursátil.

Además, las sociedades controladas por Leonidas Vial y por Alberto Le Blanc habrían sido funcionales e instrumentales al desarrollo del esquema implementado, participando de manera reiterada, periódica y en forma atípica respecto de otras de sus inversiones, en algunos de los ciclos de transacciones observados en acciones Calichera-A y Oro Blanco.

También se formularon cargos a Banchile Corredores de Bolsa S.A. y a su ex ejecutivo Cristián Araya Fernández, a Citigroup Global Markets Inc. y a su representante legal Fabio Gheilerman, a Linzor Asset Management -hoy CHL Asset Management Chile-, y a su representante legal Canio Corbo Atria, por su participación en ciertas operaciones en acciones SQM-A y SQM-B.

Al respecto, la SVS explicó que entre diciembre de 2009 y abril de 2010, bajo la intermediación de la corredora Banchile, Pampa Calichera realizó una serie de operaciones con el título SQM-B teniendo como contraparte a Citigroup Global Markets Inc. y a la misma Banchile, que habrían estado orientadas a la generación de utilidades contables.

Por otro lado, Moneda Administradora de Fondos de Inversión interpuso ayer una querella criminal en contra Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Aldo Motta Camp y Patricio Contesse Fica, ejecutivos de las "sociedades cascadas". La querella fue interpuesta en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y está dirigida en contra de las cuatro personas antes nombradas, en calidad de autores de los delitos de transacciones ficticias, inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, proporcionar antecedentes falsos al mercado y uso de información privilegiada.

Desde la administradora explicaron que todos estos delitos fueron cometidos reiteradamente en perjuicio de los accionistas minoritarios, "dañando al mercado y causando un menoscabo patrimonial a las denominadas 'sociedades cascadas' abiertas en bolsa". Según Moneda, la investigación de la SVS "permitió establecer la existencia de una amplia y sistemática maquinaria delictual, que operó concertadamente y por medio de diversos artificios engañosos y fraudulentos, según un patrón de conducta preestablecido".