Las reformas en descentralización no pueden ser una versión 2.0 de la misma centralización que ahoga a Chile. Estas deben contemplar la generación de capacidades propias de las regiones, sin esperar a que Santiago les permita o les facilite la tarea. Más aún, en el ámbito internacional, hay que vencer los prejuicios que dudan de la importancia del tema y juntar masa crítica alrededor de universidades, gobiernos regionales y municipios, para definir de una manera más autónoma la forma de alcanzar los objetivos propuestos en las respectivas estrategias de desarrollo.
Establecer prioridades y construir un modus vivendi equilibrado, participativo y democrático con las instancias de la administración central (que seguirán teniendo alguna relevancia en el trato con las entidades territoriales), constituye una meta relevante que simboliza el nuevo reparto del poder en Chile.
La idea no es sobrepasar las facultades del Jefe de Estado y del Congreso Nacional, instauradas tanto en la Carta de 1980 como en la Constitución que resulte del proceso abierto por Michelle Bachelet, sino lograr incidir en la formulación de una política exterior representativa de la pluralidad de intereses presentes en el país, intención que demanda ejercer un protagonismo inédito y que compone uno de los grandes desafíos que las regiones tienen por delante.
Para ello hay que fortalecer las orgánicas que se ocupan de las relaciones con los países vecinos y con el resto del mundo, dotándolas de un potente mandato, del presupuesto que les permita cumplirlo eficazmente y de los profesionales más idóneos para acometer las tareas asignadas. Al mismo tiempo, ciertos espacios como los Comités de Integración y Frontera deben ir mutando progresivamente su dependencia desde la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores hacia los gobiernos regionales y locales, sin perder de vista el papel articulador de servicios nacionales con que han operado tradicionalmente.
El traspaso de funciones y recursos va a implicar una mayor coordinación dentro de la administración pública chilena, exigencia que se cumplirá según el rol que cada uno obtenga en el proceso descentralizador en marcha, razón por la cual la voluntad, la claridad estratégica y la fuerza propia son las claves para alcanzar un posicionamiento adecuado en el mapa futuro de la toma de decisiones en Chile.
Cristian Fuentes Vera, académico de la Universidad Central