Durante tres horas y media los representantes de las comunidades indígenas de la zona expusieron sus inquietudes y molestia a los parlamentarios de la provincia, por los territorios en los que se desarrollarán proyectos de exploración y explotación minera.

La extensa jornada que comenzó a las 10 de la mañana y finalizó pasada las 13 horas en la sala de la Gobernación, los miembros de las comunidades indígenas increparon y cuestionaron fuertemente a los diputados Sergio Ojeda ( DC), Fidel Espinoza (PS), Javier Hernández (UDI) y el senador Carlos Kuschel (RN).

disconformidad

La molestia apuntaba a la poca información, nulo apoyo y falta de iniciativas -según dijeron- frente a una problemática que afecta 10 mil hectáreas en terrenos situados en las comunas de San Juan de la Costa, San Pablo y Osorno.

En la mesa indígena sólo se logró agendar una nueva mesa de trabajo para el 27 de septiembre y una posible reunión con el ministro de Minería. Para los comuneros, la jornada fue un total fracaso, ya que advirtieron, no consiguieron propuestas ni soluciones claras.

Ante ese escenario, sostuvieron un improvisado encuentro independiente a puertas cerradas, donde acordaron celebrar una jornada el 3 de septiembre para organizarse y poder defender el territorio jurídicamente.

solicitudes

En la mesa provincial mensual efectuada el pasado 6 de agosto, Erick Vargas y Alejandro Fonseca, funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) explicaron que una serie de solicitudes mineras para la zona ya se encuentran aprobadas, mientras que otro grupo está en proceso, sin especificar el número.

Además, en aquella ocasión aclararon que las 10 mil hectáreas pueden ser usadas, primero para exploración minera, es decir, con fines de estudios científicos. Otra alternativa es la explotación minera, que está relacionada con la extracción de materiales con fines económicos.

Una vez conocido el informe y el mapa entregado por los funcionarios del Sernageomin, los comuneros mostraron su rechazo más absoluto y solicitaron oficiar a los diputados y senadores de la zona para que asistan a la próxima mesa.

En aquella oportunidad, el director regional de la Corporación Nacional Indígena (Conadi), José Vásquez, se comprometió a solicitar un informe a los abogados para ver cómo pueden intervenir las comunidades y así iniciar una acción judicial para detener la entrega de concesiones y el uso de los terrenos.

Reunión

Ayer, pese a que se citó a todos los parlamentarios de la zona, finalmente sólo se presentaron tres diputados y un senador, lo que generó la molestia de los líderes indígenas, aludiendo que no es posible que los senadores Eduardo Frei (DC) y Carlos Larraín no estuvieran en la jornada.

Sergio Ojeda, de la Democracia Cristiana (DC) y diputado por el distrito 55, durante su intervención explicó, "que el Estado chileno transgrede los tratados internacionales al no aplicar la consulta a los pueblos indígenas para tomar decisiones en sus territorios".

El también diputado del distrito 55, Javier Hernández (UDI), apuntó a que existen urgencias que solucionar en las cuales centrarse. "Existen reclamos de ilegalidad y recursos legales que permiten frenar la intervención en los terrenos", admitió. De paso, se comprometió a gestionar una reunión con el ministro de Minería para presentarle la problemática que afecta a la zona, cita a la que podrán asistir cinco representantes huilliches.

En tanto, el socialista Fidel Espinoza, representante del distrito 56, argumentó que el actual gobierno considera que la presencia indígena en Chile llega sólo hasta la Región de La Araucanía. "Es necesario aplicar reformas a la Constitución y apoyar la asamblea constituyente. Además, los acuerdos deben ser con firma y escritos", explicó el político.

El senador de Renovación Nacional, Carlos Kuschel , señaló que son muchos los derechos no respetados, "estamos para representar y canalizar las inquietudes de la ciudadanía hacia el Congreso", dijo.

Reacciones

Las intervenciones de los parlamentarios causaron la molestia de los comuneros, quienes reaccionaron a lo que ellos llamaron una "campaña política y no una mesa de trabajo".

Con interrupciones verbales, los comuneros plantearon sus argumentos, que contrastaban con lo señalado por los parlamentarios.

Emilia Nuyado, concejal de la comuna de San Pablo y ex consejera nacional indígena, sostuvo que la reunión no tuvo los frutos deseados y que falta mayor compromiso de las autoridades de la zona.

"Ellos están para representarnos y apoyarnos, tienen los recursos y los medios para hacer una labor mucho más completa. Es una vergüenza que lleguen a una reunión sin propuestas y con un desconocimiento de la Ley Indígena", explicó Nuyado.

Patricia León, presidenta del Consejo de Comunidades Indígenas de Puyehue, explicó que la reunión provocó una desazón en la comunidad indígena presente.

"Ver la ignorancia de quienes legislan sobre derechos indígenas evidencia que sólo nos visitan en busca de votos", comentó León.

Respecto a las medidas que tomarán las comunidades frente a los territorios afectos de explotación y exploración minera, los dirigentes coinciden que deben ser rápidas para frenar el avance de lo que ellos denominan "poder económico desmedido".

En la reunión que sostendrán el 3 de septiembre esperan encontrar alternativas que les permitan defender el territorio jurídicamente. Por lo mismo, no descartan movilizarse.

Jorge Naguil, presidente del Consejo de Comunidades Indígenas Costa Sur, en la Comuna de San Juan de la Costa, comentó que es importante recalcar que las manifestaciones tienen carácter pacífico.

"Pensamos realizar marchas informadas a las autoridades, entregar volantes informativos, utilizar las redes sociales e informar a la comunidad en reuniones. Nos organizaremos para defendernos", recalcó Naguil.

Antonio Alcafuz, cacique del territorio de Quilacahuín, explicó que ellos defienden los derechos de la madre naturaleza y que con la llegada de una concesionaria, es lo primero que se vulnera.

"Al defender la tierra defendemos la naturaleza de todos. El problema es que no tenemos recursos para pagar un grupo de abogados como las grandes empresas", dijo.

Claudia Pailalef, consejera indígena, explicó que el Ministerio del Medio Ambiente debiera otorgar la defensoría ambiental y potenciar a la Conadi para enfrentar situaciones como ésta.

"No somos un caso aislado, tenemos ejemplos como Ralco, HidroAysén y muchos más donde finalmente primó el interés económico. Si la justicia ordinaria asigna un defensor público, en este caso debiera aplicar el mismo principio", dijo la consejera.

El titular de Conadi se comprometió por segunda vez a consultar con los abogados de la corporación para ver cómo ayudar. "Este es un tema que recién estamos conociendo y no es fácil conciliar las posiciones de los parlamentarios y las comunidades", dijo Vásquez.

"Es una vergüenza que lleguen a una reunión sin propuestas y con un desconocimiento de la ley indígena".

Emilia Nuyado

Concejal San Pablo

Datos

Oposición Si la concesión recae en una zona urbana, es facultad del gobernador paralizar la ejecución de ésta.

Servidumbre Si el dueño del predio no la otorga al encargado del proyecto minero, el tema pasa tribunales y el juez decide.